Violencia en las aulas II

¿Delito o falta?

Los numerosos casos de violencia escolar entre alumnos, así como las agresiones que han sufrido varios profesores por parte de algunos padres, ha llevado a que la sociedad, y en concreto los profesionales de la abogacía, se planteen la necesidad de tipificar estos hechos como un delito de atentado y no como una falta.

KAREN BENCOMO, Tenerife

El debate está en la calle. Los numerosos casos de violencia escolar entre alumnos, así como las agresiones que han sufrido varios profesores por parte de algunos padres, ha llevado a que la sociedad y, en concreto, los profesionales de la abogacía se planteen la necesidad de tipificar estos hechos como un delito de atentado y no como una simple falta.
Canarias cuenta con el primer caso sobre la consideración de los profesores como funcionarios públicos a los efectos de ser tenidos en cuenta como sujetos pasivos del delito de atentado, lo que ha constituido, en otros puntos del país, una repercusión mediática de las últimas decisiones judiciales y de la Fiscalía General.

Este caso, en concreto, se produjo en un colegio sito en el norte de Tenerife a principios de este año. La dirección del centro escolar decidió que un alumno no debía ir a una excursión cultural programada, puesto que estaba castigado. Por ello, la madre del menor, junto a su pareja sentimental, acudió al centro y amenazaron gravemente a los profesores, impidiéndoles, bajo intimidación, salir del aula donde se encontraban recluidos con sus alumnos, alterando gravemente la actividad escolar del centro y causando una enorme alarma también al alumnado, lo que trascendió al resto de padres, quienes mostraron su inquietud por la seguridad de sus hijos en el colegio.

Se trataba de un alumno de segundo de Primaria, a los que corresponde la edad de 7 años, y sus compañeros de pupitre estuvieron sin poder salir de su clase durante todo el altercado, oyendo los gritos que se producían, amenazas e insultos, y en los que los implicaban directamente con expresiones tales como "aquí no hay excursión si no va mi hijo", teniendo que ser escoltados por la Policía Municipal hasta las guaguas. En este asunto, se ha conseguido un auto del Juez por el que se abren diligencias previas. El abogado que lleva este caso, acudió a un juicio de faltas, en el cual alegó que debido a la gravedad de los hechos denunciados y el ámbito en el que los mismos se produjeron, un centro escolar, debía abrirse dichas diligencias.

Ante lo novedoso de la alegación realizada, el Juez procedió a la suspensión de la vista para poder tomar una decisión, previa presentación por parte de los abogados de la profesora, designados éstos por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, de un recurso de Reforma contra el auto declarando los hechos como una falta. El Juez, ha reconocido con su resolución, que los hechos denunciados pudieran ser un delito de atentado, y uno una simple falta, ordenando, en definitiva, que se investiguen los hechos con todas las garantías y derechos para ambas partes.

Otros casos

En las últimas fechas, los medios de comunicación han recogido la decisión adoptada el pasado mes de noviembre de 2006 por la titular del Juzgado de Instrucción Número 32 de Barcelona de considerar las agresiones y amenazas proferidas por unos padres contra varias profesoras del centro donde cursa sus estudios un hijo menor, como posible delito de atentado contra Funcionario Público en el ejercicio de sus funciones, ordenando, por tanto, tramitar la causa incoada como diligencias previas, y no como juicio de faltas.

Basta indagar en varios buscadores de internet con las voces "delito de atentado contra profesores" para encontrar centenares de noticias relacionadas con la citada decisión judicial, publicadas en la prensa digital.

La trascendencia mediática de la resolución judicial se debe, sin duda, a la alarma que en nuestra sociedad se está generando por la magnitud que está alcanzando el fenómeno de la violencia en los centros docentes.

Asistimos en las últimas semanas a debates en los más diferentes foros sobre las causas de dicha violencia y sobre las posibles medidas que deberían adoptarse para intentar paliarla. Profesores, psicólogos, médicos, sociólogos, profesionales de las más variadas ramas, asociaciones de padres, organizaciones juveniles y, por su puesto juristas, debaten sobre dichas cuestiones.